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Comunicado de la RAPU, Red de Áreas Protegidas Urbanas

Incendios, minería e inoperancia. La creciente lucha de los pueblos del sur en contra del extractivismo trajo sus consecuencias, como lo hicieron en los humedales, ahora encendieron Chubut y Río Negro, mientras desde el 9 de marzo (e incluso antes) arden El Bolsón, Lago Puelo y otras localidades de la comarca andina. De inmediato con el viento incrementando las llamas, y la creciente sequía, el fuego tomo las poblaciones, quemando cientos de hogares, y desplazando a numerosas personas. Miles de hectáreas de bosques se redujeron a carbón.

Ya sabemos quiénes son los responsables, las empresas mineras y emprendimientos privados que no aceptan nunca que se limiten sus negocios. Pero en este daño ambiental histórico no hay un solo culpable. Inoperancia, desidia, falta de métodos efectivos de castigo a los #ecocidas, esto es responsabilidad del Gobierno Nacional y los Provinciales.

Algún descarado vocero del Ministerio de Ambiente salió a decir que en el 2021 se quintuplicará el presupuesto para el Plan Nacional de Manejo del Fuego, si en la zona del incendio hubieran trabajado la misma cantidad de aviones que rocían pesticidas en la zona sojera, quizás el fuego se podría haber controlado, si los bosques y humedales tendrían policía ambiental bien equipada, con legítimas instrucciones de control y reprimenda de los #ecocidas, muchos de estos asesinos de la naturaleza y sus mercenarios estarían presos. Vimos por las redes y poco por TV como el fuego arrasaba esos añosos bosques y sus pobladores eran evacuados sin destino cierto, pero no vimos a ningún funcionario renunciar, nadie que se haga cargo.

La RAPU sabe lo que es la defensa inclaudicable de bosques y humedales, no en pocos lugares somos la única línea de protección para que no sean destruidos. Exigimos que se aumente la carga fiscal a los grandes terratenientes y a las mineras, y que esos fondos financien el equipamiento y el personal para abordar estas situaciones extremas.


Que los responsables paguen con dinero y con la cárcel por los crímenes cometidos y que CESE YA LA MEGAMINERÍA.

Es hora de reformar el código penal y calificar a los delitos ambientales como actos de muerte y penalizarlos en consecuencia. Todes unidos enfrentemos a los grupos de poder y sus aliados, evitemos que la situación ambiental empeore y el daño sea irreversible.

Este 22/3 salimos a las calles en todo el país en la marcha por el agua, y para que cesen los incendios.




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